Transgenicos
sin control en el Cono Sur
Gerardo
Evia
El
gobierno de Luiz Inacio "Lula" da Silva acaba de autorizar
"provisionalmente" el cultivo de soja transgénica en Brasil. La
decisión ha significado un duro golpe a las organizaciones sociales que
buscaban detener ese cultivo, impacta negativamente en la imagen del gobierno
del PT, y tendrá repercusiones, también negativas, en los demás países de la
región.
La decisión de Brasilia es
una muestra más de las graves carencias en la región para manejar ese tema. Un
análisis de esa situación tiene diferentes lecturas e implicancias en
distintas dimensiones: ambientales, comerciales, y políticas. Pero además pone
en cuestión la capacidad de muchos de nuestros países para mantener niveles mínimos
de autonomía y decisión sobre temas trascendentes para el desarrollo.
Las de marchas y
contramarchas que durante años tuvieron lugar dentro del intrincado marco
institucional brasileño, habían determinado hasta ahora la prohibición formal
para el cultivo de soja transgénica. Cambiando esa situación, el gobierno
brasileño acaba de promulgar la Medida Provisoria Número 131 que autoriza con
condiciones y en forma "provisoria" el cultivo de soja transgénica en
la próxima zafra, con semilla disponible actualmente por los productores, así
como la comercialización del producto hasta diciembre de 2004.
Hasta ahora el cultivo de
esa variedad estaba formalmente prohibido en Brasil, pendiente en última
instancia de los resultados de estudios de impacto ambiental. En los hechos era
públicamente reconocido que miles de hectáreas venían siendo cultivadas en
forma ilegal con semilla contrabandeada desde Argentina, fundamentalmente en Río
Grande del Sur, donde se la conoce como "Soja Maradona" (por el
jugador de fútbol argentino). Se estima que el 8% de la producción de soja de
Brasil sería transgénica.
Teóricamente la decisión
del gobierno de Brasil es justificada como un intento de terminar con una
situación anómala, y blanquear una situación de hecho para re-asumir el
control sobre lo que ocurre en esa materia hasta tanto el tema se resuelva
definitivamente. Antes de Lula, el gobierno de Fernando Henrique Cardozo venía
mirando para otro lado, sin tomar medidas serias, y con ello comprometiendo la
credibilidad del país en la materia. La administración Lula asumiría con esta
medida la responsabilidad de reconocer la situación y retomar el control. Sin
embargo, ese movimiento deja bajo cuestión las premisas sobre las que se basa
la autonomía de nuestros países
El debate en Brasil sobre
este tema retoma diferentes perspectivas y vuelve a abrirse la discusión sobre
las consecuencias para el ambiente y la salud de las personas del uso de estos
productos. Se destaca la posición del Ministerio del Ambiente que sostiene la
necesidad de un exhaustivo estudio de impacto ambiental que tome en cuenta las
condiciones locales previo a su aprobación. Sin embargo la medida se toma en
contra de la opinión de la ministra M. Silva, enviando un claro mensaje de la
subordinación de la gestión ambiental.
También existen fuertes
discrepancias jurídicas sobre las diferentes medidas que han sido adoptadas en
los ámbitos legislativo, administrativo y judicial en torno a este tema y que
en última instancia llegan a cuestionar la constitucionalidad de la MP 131.
Finalmente, aunque no menos
importantes son las implicancias económicas para el país, para la región y
para el mundo. Basta recordar que Brasil pasaría a ser este año el primer
exportador de soja del mundo.
El proceso de adopción de
la "medida provisional" implicó la participación del propio
presidente Lula, quien habría telefoneado especialmente desde el exterior al
vicepresidente Alemcar para instarlo a que firmara la medida. Se han sucesido
acusaciones de de legalizar lo ilegal, incluso se ha dejado en evidencia que la
posición de Lula contradice su postura en la campaña electoral en contra de
los transgénicos.
Entre las posiciones a favor
de la medida se destacan algunas que resultan preocupantes, como por ejemplo las
de Leila Oda, presidente de la Asociación Nacional de Bioseguridad (ANBio), y
Ywao Miyamoto, presidente de la Asociación Nacional de Productores de soja
quienes afirman que la única forma de controlar lo que se produce es la
legalización de los transgénicos, ya que existe una demanda concreta de los
agricultores por esas semillas. La legalización también permite, según afirmó
la Sra. Oda, proteger al sector productor de semillas ya que la soja
contrabandeada no paga impuestos ni se controla su calidad.
Este tipo de argumentos que
sostienen la convalidación de los hechos consumados y la postura de los
intereses de determinados sectores por encima del interés general. Son
posiciones frecuentes de escuchar en nuestros países y muchos jerarcas
gubernamentales los esgrimen como argumentos para la toma de decisiones.
En Uruguay, a propósito de
la reciente decisión del gobierno de aprobar una variedad de maíz transgénico,
el ministro de agricultura de ese país sostenía entre otros argumentos que la
población uruguaya ya estaba consumiendo ese tipo de granos que eran importados
de Argentina en forma indiscriminada. A su juicio, la aprobación de ese evento
en Uruguay venía a "regularizar" dicha situación.
Tales argumentos resultan
asombrosos en tanto implican renunciar a las más mínimas potestades de los
Estados para regular y tomar decisiones sobre asuntos de interés general.
Siguiendo esa idea, ¿cuál es el sentido de mantener estructuras legales,
burocráticas y regulatorias? Esa perspectiva promueve dejar al mercado actuar
libremente y no falta quien la defienda en tanto evita la onerosa carga que
todas esas estructuras representan para nuestros pueblos. Obviamente esa
perspectiva lleva a posiciones sin sentido.
Sin embargo ese tipo de
argumentos no parece aplicarse en todos los ámbitos ni para todos los temas,
sino que sólo se aplican en tanto no afectan o afectan a determinados sectores.
De hecho los gobiernos no renuncian a combatir el contrabando de otro tipo de
productos, ni renuncian a la defensa de sus fronteras frente a otro tipo de
"agresiones" potencialmente menos dañinas.
Cabe preguntarse también si
será posible para las autoridades brasileñas, establecer el efectivo control
de los detalles y condicionalidades que implica la nueva medida. Esto es, su carácter
provisorio se basa justamente en el establecimiento de condicionalidades que
exigen discriminar el destino de la soja transgéncia, como semilla o para uso
industrial, controlar el tránsito entre estados y entre productores, y hasta la
prohibición de su cultivo en áreas de protección. Si durante años fue
imposible controlar la introducción ilegal y la plantación de decenas de miles
de hectáreas en forma irregular, ¿es creíble que puedan establecerse ahora
estos controles mucho más complejos?
Todo esto pone de manifiesto
nuevamente la necesidad de articulación de estrategias y políticas comunes en
la región para encarar los temas ambientales, productivos y de desarrollo en
general. De lo contrario será difícil mantener la autonomía necesaria para
definir estrategias en beneficio de las mayorías de nuestras naciones.
G. Evia es
analista de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad América
Latina).
Publicado el 2 de Octubre 2003 en La
Insignia
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