Brasil
La
“politica provisional” vuelve a liberar
los transgénicos
Gerardo Evia y Eduardo Gudynas
El gobierno de Brasil acaba de
autorizar el cultivo de soja transgénica para la próxima zafra 2004/05. El
presidente Lula da Silva firmó una nueva "medida provisoria"
permitiendo ese cultivo bajo una fuerte polémica que involucra a miembros del
gobierno, de su partido, empresarios y grupos ambientalistas.
Por un lado, muchos productores rurales venían
presionando fuertemente por esa medida desde hace algunos meses atrás, e
incluso amenazaron con cultivar los transgénicos sin contar con la prohibición.
En septiembre del año pasado el gobierno ya había promulgado una medida
provisoria (MP 131) para permitir la siembra de soja transgénica en la zafra
2003/2004 y regular
su comercialización (Agropecuaria.org 2-10-2003). En aquel momento la polémica
fue también muy dura; se opusieron muchas organizaciones ciudadanas y el
Ministerio del Ambiente, frente al Ministerio de Agricultura y las empresas
agropecuarias. El gobierno Lula sostenía que la "medida provisoria"
era necesaria para blanquear el ilegal cultivo que se realizaba en muchos sitios
del país, y subrayaba que sería "provisoria" en tanto enviaría una
ley definitiva sobre el asunto.
Si bien la ley fue enviada al Congreso, todo el
proceso de análisis parlamentario se atrasó, y además se la hicieron muchos
agregados, varios de ellos muy debatibles, que desembocaron en que llegaba el
momento de comenzar a sembrar las semillas y no se contaba con la nueva ley.
Pero además todo el marco legal sobre los transgénicos creció en complejidad
y contradicciones por demandas cruzadas, permisos parciales e incertidumbres
sobre los alcances normativos, alcanzándose la situación donde la soja transgénica
era simultáneamente prohibida
y permitida (Agropecuaria.org, 2-7-2004).
Un problema constantemente provisorio
Las presiones para lograr una segunda
"medida provisoria" (MP) fueron muy fuertes tanto desde los
productores, las empresas como en el seno del propio gabinete; muchos
productores ya tenían listas sus tolvas con las semillas y comenzaron la
siembra horas después que Lula firmó la resolución el 14 de Octubre.
Lastimosamente, esta MP no sólo libera la soja transgénica sino que es una
nueva renuncia de la administración Lula en intentar regular el sector agrícola.
Es un claro ejemplo donde una resolución gubernamental se adapta a la dinámica
de hechos consumados.
Quienes se oponían a esa medida, entre ellos la
ministra del ambiente Marina Silva, advertían que además de su inconsistencia
legal, subordinaba la política ambiental a otros intereses. Quienes promovían
la MP desde el gobierno, afirmaban que era la única forma de tomar control
sobre el problema y eventualmente avanzar hacia su regulación efectiva.
El problema se agudiza en tanto la "ley de
bioseguridad" en trámite en el Congreso y que supuestamente era la solución
definitiva, está en el centro de un fuerte debate. Uno de los puntos en discusión
se centraba en determinar a los responsables últimos en permitir o no liberar
organismos genéticamente modificados. En el proyecto aprobado en la cámara de
diputados en febrero pasado esa decisión quedaba en manos del Consejo Nacional
de Bioseguridad (CNB) integrado por 15 ministros del gabinete. Pero el 6 de
octubre el senado modificó ese principio, así como el alcance de las
evaluaciones de impacto ambiental y sanitario, y le asignó a la Comisión Técnica
Nacional sobre Bioseguridad (CTN-Bio) la potestad de decidir (se habilita la
recusación de la decisión por los organismos fiscalizadores en cuyo caso el un
CNB, un poco más pequeño, podría entender en la materia).
La demora que implica el retorno del proyecto a
la cámara de diputados puso al gobierno de Lula nuevamente en la disyuntiva
permitir el cultivo de la "ilegal" soja transgénica por medio de una
"medida provisoria". La decisión involucra varios millones de hectáreas
de soja transgénica. En 2003 se estimaba que el 8% (4 millones sobre un total
de 50 millones de toneladas) de la producción de soja en Brasil era transgénica,
y se proyectaba un 20% por actual zafra (especialmente en el estado de Río
Grande del Sur se alcanzaría el 90%).
No puede olvidarse que este problema también es
un verdadero de dolor de cabeza político. Mientras era candidato a la
presidencia, Lula y el PT, rechazaban a los transgénicos (incluso llegar a
sostener que era de "burros" plantarlos), y este cambio radical acentúa
su distanciamiento de muchas organizaciones ciudadanas. Lula repitió varias
veces en los últimos meses que no emitiría una medida provisoria, aunque
finalmente no pudo cumplir ese compromiso. Además, la medida llega después de
unas complicadas elecciones municipales, y antes de la segunda vuelta en
ciudades claves como Sao Paulo, donde muchos militantes del PT se muestran
desilusionados con estas acciones. Finalmente, la MP hace todavía más
complicada la situación de la ministra del ambiente, Marina Silva, quien vuelve
a perder en una pulseada con el ala de los agronegocios dentro del gabinete.
Entre los defensores de los transgénicos se ha
tomado la MP como reconocimiento de un proceso irreversible en Brasil. Incluso
se cuestiona que sea necesario siquiera tener que registrar esos cultivos, tal
como indica actualmente el gobierno, y también se reclama ampliar el permiso a
todos los agricultores, y no sólo a quienes cultivaron en la pasada zafra (otra
de las condiciones gubernamentales actuales).
Una política gubernamental
"provisoria"
La mayor parte de la discusión continúa situándose
sobre la conveniencia o no para Brasil de aprobar definitivamente este cultivo,
atendiendo argumentos económicos, agronómicos o ambientales. Más allá de
esos aspectos, una mirada más profunda es necesaria para analizar la problemática
que enfrenta el gobierno Lula. Por un lado está en juego la conveniencia económica
de producir transgénicos o la seguridad frente a los posibles impactos, todos
temas donde hay posiciones en uno y otro sentido.
Pero por otro lado, la actual MP reitera la lógica
de la anterior: da por perdida la posibilidad de regular el cultivo, y como no
puede hacerse permite una liberalización que en realidad es traspasar a los
actores privados la decisión sobre sus cultivos. El Estado renuncia a su
capacidad de regular el uso del territorio. Si se libera la soja transgénica
porque será cultivada de todas maneras, incluso ilegalmente, entonces el
gobierno Lula también debería permitir el cultivo de marihuana, que cuenta da
la misma manera con muchos plantíos ilegales -como sostiene con una lógica
impecable Janio de Freitas, en Folha de Sao Paulo (17 Octubre).
En tercer lugar, ha quedado fuertemente
cuestionada la credibilidad y consistencia institucional de Brasil para manejar
democráticamente este tipo de conflictos. En ese campo, la discusión de fondo
es si la decisión en este tema debe ser política o técnica (en manos de la
"comisión política" CNB o del "comité técnico" CTN-Bio),
y cuál debe ser el peso de cada uno de estos componentes en la decisón final.
En la actual situación la solución política permite sin duda que permite la
participación del Ministerio del Ambiente, mientras que la solución "técnica"
está sesgada sobre los actores biotecnológicos. Sobre esas cuestiones se ha
discutido en el parlamento sin llegar a una decisión final.
Debe reconocerse que la discusión sobre cómo se
tomarán las decisiones ha sido bastante más democrática en Brasil que en
muchos de los países vecinos del cono sur (como Argentina o Uruguay), donde se
llegan a resoluciones en ámbitos reducidos y sin mayor participación efectiva.
Pero mientras esa discusión se procesa, el
actual gobierno brasileño no parece ser capaz de controlar lo que ocurre en el
territorio. Entonces los agricultores, especialmente en el sur, consiguen
semillas transgénicas y lanzan amenazas que plantarán más allá de las
disposiciones gubernamentales. El gobierno termina reaccionando detrás de la
realidad convalidando situaciones impuestas por la vía de los hechos. Intentar
gestionar el sector agropecuario apelando a "medidas provisorias" no
dejan bien parado al gobierno de Lula, ni parece un camino muy provisorio.
G. Evia y E. Gudynas son
analistas de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad).
Publicado el 21 de octubre 2004. Se permite la reproducción siempre que se cite
la fuente.
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